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Por Eliseo Caballero

Socio Director de Agaz [ ]

Está levantando ampollas la decisión del Gobierno, tomada el pasado viernes 30 de marzo, de aprobar una amnistía fiscal. Por resumirla brevemente, la medida consiste en “condonar” el pago de los impuestos, incluidas las posibles sanciones económicas provocadas por la no declaración de cantidades, sean las mismas de cualquier importe y eximiendo también del posible delito fiscal si lo hubiera, a cambio de pagar el 10% de las cantidades afloradas. Con todo ello, el Gobierno pretende recaudar 2.500 millones de Euros, es decir, que pretende destapar 25.000 millones de € de deudas fiscales.

Que quede claro de antemano, que a mi me parece una buena medida para recaudar, sobre todo, teniendo en cuenta la cantidad de economía sumergida que existe en nuestro país (más del 25%). Esta medida no es ninguna novedad, ya que ha sido tomada en dos ocasiones por el gobierno español en distintas etapas. Aunque sí hay algo de novedoso en la medida, como es el hecho de que esté acompañada de una subida del IRPF, por lo que el mensaje que se traslada a la opinión pública es que a la vez que se penaliza a los trabajadores que si cotizan con una subida del IRPF, se beneficia a aquellos que no cotizan, no sólo con una tasa muy baja del 10%, sino que se libran de sanciones, intereses de demoras e incluso en los casos mas extremos de la cárcel.

Desde mi órbita, y en el plano técnico, la amnistía la hubiera realizado de otra forma, es decir, el afloramiento de estas cantidades no iría acompañado de porcentaje de pago, sino iría acompañado de obligación de compra de deuda publica española a largo plazo, con una exención del 50% de los intereses. Aclarando, si afloraran los 25.000 millones de euros que tiene previsto el Gobierno, tendríamos ese dinero en deuda publica a un tipo de interés de la deuda publica alemana, es decir, nos ahorraríamos la prima de riesgo y lo que es más importante tendríamos 25.000 euros de financiación, sin necesidad de acudir a mercados ni primarios ni secundarios de deuda, con el consiguiente relajamiento de la prima de emisión y, por lo tanto, de ahorro futuro en intereses. Por todo ello, los 2.500 millones de euros se podrían aumentar bastante y estaríamos contribuyendo a la mejora del país y no trasladaríamos a la opinión pública una doble vara de medir.

Estas dos medidas no deben mezclarse, porque el objetivo de las mismas es el mismo: salvar el estado del bienestar. La cruda realidad es que el Estado que conocemos, necesita de mucha financiación y también es cierto que se ha gastado lo que no se tiene.

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