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Los expertos en televisión han de reconocer, estén o no de acuerdo con su contenido, que la Ley 7/2010, General de la Comunicación Audiovisual, supuso un hito.

En efecto, allí donde existían al menos diez leyes dedicadas al fenómeno televisivo, ahora encontramos un solo texto de 61 artículos. El ciudadano que no conozca el régimen jurídico televisivo también habrá sido consciente de los cambios que ha aportado esa ley: Televisión española no emite publicidad y algunos canales se han fusionado o están camino de ello. La citada ley quería renovar el régimen jurídico de la comunicación televisiva y radiofónica, pero a la vez, inmersa su elaboración en plena crisis, quiso ser una respuesta al deterioro económico. Tanto la prohibición de la publicidad en el ente público estatal como la posibilidad hasta entonces vedada de permitir fusiones, fueron un balón de oxígeno para las televisiones privadas de ámbito estatal.

En el caso de las televisiones locales no hubo, sin embargo, soluciones similares. Como es sabido, las televisiones locales públicas continúan emitiendo publicidad a la vez que se sostienen gracias a las arcas municipales. Por otro lado, las televisiones locales privadas, que tras la huída de los conglomerados mediáticos estatales que intentaron ocupar ese espacio, volvían a experimentar una nueva época, se enfrentan ahora a las rampantes dificultades económicas. ¿Existe futuro para las televisiones locales públicas o privadas? En mi opinión, sí, siempre que se adopten una serie de soluciones que están en manos de la Comunidad Autónoma. En primer lugar, urge una redefinición del otorgamiento de licencias; el mapa se configuró con poco realismo y ahora encontramos muchas licencias sin explotar. Éstas deberían extinguirse y diseñar un nuevo mapa que, con cautela, tuviese muy en cuenta el número de licencias viables económicamente. En segundo lugar, se ha de aprovechar al máximo por el legislador autonómico las posibilidades que ofrece el art. 22.5 de la Ley 7/2010. Este precepto permite a las Comunidades Autónomas ampliar la emisión en cadena de las televisiones locales. Es el mecanismo adecuado para que las televisiones locales reduzcan costes de producción y con ello competitividad en un escenario económico tan degradado. En definitiva, en manos del poder público autonómico está la responsabilidad de definir un mercado audiovisual adecuado al contexto actual.

Por Miguel Azpitarte, Director del Departamento de Derecho Administrativo

Publicado en Ideal el 23/10/11

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