Por Adrián Cuesta
Socio del Departamento Laboral de Agaz [ ]
El Gobierno está tratando, en estos días, la posibilidad de modificar el Código Penal en materia de delito fiscal y contra la Seguridad Social. La idea es crear un tipo grave o agravado para los hechos delictivos más graves.
El nuevo tipo penal por delito fiscal se aplicaría cuando la cuantía a la que ascienda el fraude superara los 600.000 euros o cuando el fraude se cometiera a través de una organización o grupo criminal y, cuando se usasen, entidades o enclaves geográficos que favorecieran la ocultación de la identidad del contribuyente defraudador o la determinación de la cuantía objeto de fraude.
La pena máxima de privación de libertad, para estos casos será de dos a seis años, si bien, en la actualidad está fijado de uno a cinco años. También se incrementará el plazo de prescripción de cualquier delito fiscal a diez años en sustitución de los cinco años actuales.
Se establecerá un atenuante para este tipo de delitos que implicará una significativa rebaja de la pena, en los casos en que el defraudador regularice su situación en los dos primeros meses, contados desde la citación judicial y también en los casos en que el defraudador delate a otros sujetos responsables. Además, la Administración Tributaria no paralizará el procedimiento de recaudación en caso de que haya un proceso penal.
En los delitos de fraude a la Seguridad Social se identifican nuevos fraudes, como la creación y existencia de empresas ficticias y naves o talleres ilegales. Las penas por fraude a la Seguridad Social, pasan de cinco a seis años y la ampliación del período de prescripción de cinco a diez años para los delitos más graves
Se reduce la cuantía mínima del fraude, pasando de 120.000 euros a 50.000 euros, e incluyéndose en esa cantidad, toda la deuda no prescrita. También se castigarán penalmente los fraudes en materia de prestaciones de la Seguridad Social que originen daños graves al patrimonio de la Seguridad Social y, también, se pretende modificar el Código Penal para perseguir y castigar a aquellos que utilicen o se sirvan de varios trabajadores sin comunicar su alta en la Seguridad Social o teniendo la condición de extranjeros, no dispongan del correspondiente permiso de trabajo.
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