Cambios en la ley para dar agilidad al urbanismo en las zonas consolidadas

Josefina Cruz dijo que el objetivo era facilitar la mejora de la ciudad ya construida con criterios de sostenibilidad, pero dando flexibilidad al promotor y a los ayuntamientos para que ello no sea excesivamente caro. También se persigue que los municipios no extiendan sus zonas residenciales encareciendo con ello los servicios públicos.

La nueva ley permitirá que la cesión de suelo para equipamientos y dotaciones que los promotores deben realizar a favor de los ayuntamientos sea sustituida por un pago en dinero equivalente a su valor siempre y cuando «el terreno no alcance unas dimensiones mínimas exigibles». Los ayuntamientos deben destinar este dinero exclusivamente a la obtención de suelo de mayor entidad para dotaciones compensatorias de calidad. Para un mayor aprovechamiento de suelos ya construidos, la norma permitirá a los ayuntamientos disminuir las cesiones obligatorias de terrenos desde el 10% al 5% del incremento planteado.

Para los terrenos de uso residencial, la LOUA autorizará aumentar la densidad de viviendas hasta un 20% sobre la normativa actual. Josefina Cruz aclaró que se aumentará el número de viviendas, «pero no la edificabilidad». Con ello se quiere dar respuesta a las necesidades actuales sin modificar el modelo de ciudad. En vivienda protegida, la nueva ley estatal no cambia lo ya dispuesto por la LOUA aprobada hace ocho años, que estableció una reserva del 30 % de suelo residencial para VPO. Seguirá igual, pero más flexible: La reforma de la ley vincula estas reservas a los planes municipales y autonómicos de vivienda y suelo, ajustándolas a la demanda que pueda preverse en cada municipio.

La reforma otorga más papel decisivo a los ayuntamientos en sintonía con la Ley de Autonomía Municipal. La ley atribuye a los ayuntamientos modificaciones urbanísticas que hasta ahora eran competencia de la Administración autonómica, entre ellas las relacionadas con la obtención de los espacios procedentes de la compensación por dinero.

El municipio también podrá establecer el número de viviendas de cada proyecto dentro de los tramos que establece el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Josefina Cruz reiteró el compromiso de la Junta de habilitar una ventanilla única que facilite a los ayuntamientos la tramitación de los informes vinculantes de Medio Ambiente, Turismo, o la propia Obras Públicas, entre otras, y que ahora dictan cada consejería por su cuenta. La consejera subrayó que la norma reforzará «los principios de participación pública, transparencia y publicidad» en los trámites del planeamiento urbano

Por ello se exigirá a los ayuntamientos que elaboren un resumen ejecutivo de síntesis para hacer más comprensibles los objetivos y directrices de los PGOU en su fase obligatoria de exposición pública. También deberán incluir un informe de sostenibilidad económica.